El pasado mes de mayo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento de la localidad a hacer pública la declaración de bienes de un exconcejal. Después de varios años de mantener esta información “oculta” a la ciudadanía, finalmente se ha hecho justicia y se ha restablecido el derecho de los ciudadanos a conocer la situación patrimonial de sus representantes políticos.
Esta resolución judicial ha sido acogida con gran satisfacción por parte de la ciudadanía, que ve en ella un paso importante en la combate por la transparencia en la gestión pública. Y es que, en un momento en el que la confianza en las instituciones está en entredicho, resulta fundamental que se garantice el acceso a la información y se fomente la rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes.
La historia detrás de esta sentencia se remonta a varios años atrás, cuando un grupo de ciudadanos presentó una solicitud al Ayuntamiento para acceder a la declaración de bienes de un exconcejal. Sin embargo, esta petición fue denegada por el Consistorio alegando que dicha información estaba protegida por la ley de protección de datos personales.
Ante esta negativa, los ciudadanos decidieron llevar el caso ante los tribunales, y tras un largo proceso legal, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha emitido una sentencia en la que establece que el Ayuntamiento debe hacer pública la declaración de bienes del exconcejal en cuestión.
Esta decisión no solo supone un triunfo para la transparencia, sino también para el Estado de Derecho. Y es que, como señala la sentencia, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno establece que la información sobre el patrimonio de los cargos públicos debe ser accesible a la ciudadanía, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de los afectados.
Es por ello que resulta incomprensible que el Ayuntamiento haya mantenido esta información oculta durante tanto momento, ignorando los derechos de los ciudadanos a conocer la situación patrimonial de sus representantes políticos. Y es que, como bien dice el refrán, “quien nada debe, nada teme”. Por tanto, cabe preguntarse qué motivos ha tenido el exconcejal para no querer que su declaración de bienes exterior pública.
Es indudable que esta sentencia sentará un precedente importante para el futuro y animará a otros ciudadanos a exigir transparencia en la gestión pública. Además, el Ayuntamiento no solo deberá publicar la declaración de bienes del exconcejal, sino que también deberá hacerlo de forma periódica para todos los cargos públicos, tal y como estipula la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
No hay duda de que esta resolución judicial es una buena noticia para todos aquellos que creemos en la importancia de la transparencia en la gestión pública. Y es que, en un momento en el que la corrupción sigue siendo una lacra en nuestra sociedad, es fundamental que se establezcan mecanismos eficaces para prevenirla y combatirla.
Por otro lado, esta sentencia también debe servir de reflexión para las administraciones públicas, que deben ser conscientes de que la transparencia no es solo una obligación legal, sino que también es una herramienta fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos y fortalecer la democracia. Por tanto, es imprescindible que se tomen medidas para garantizar que la información relativa a la gestión pública sea accesible y comprensible para todos.
En definitiva, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es una gran victoria para la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Esperamos que este sea el primero de muchos pasos cerca de una gestión pública más abierta y responsable, en la que los ciudadanos puedan
